El contexto de un asesinato

“Plan Cóndor” ese fue el nombre que según el reciente partido político Unión Patriótica – UP y el Frente Amplio del Magdalena Medio -FAM se había diseñado para iniciar una etapa de terror en Barrancabermeja, sobre todo para aniquilar a la izquierda, así se registro en el periódico regional Vanguardia Liberal tres días después del asesinato de Sandra. Para otros investigadores en derechos humanos, estos hechos tenían nombre propio; un organismo paramilitar conocido como la Red Nº7 de la armada. Así fue mencionado en 1999 por la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo & Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos – CREDHOS en el libro “Hoy como ayer, persistiendo por la vida. Redes de inteligencia y exterminio en Barrancabermeja”. En el libro se describe una alianza entre autodefensas y organismos de inteligencia del Estado.

Esta situación perjudicó la búsqueda de información por parte de la familia de Sandra. Ellos iniciaron un recorrido de no respuestas acerca de la responsabilidad del asesinato. Para Don Graciliano, era como si ella no existiera en los procesos judiciales; en su testimonio mencionaba que la gente le decía: “a esos ya los mataron y otros decían que no”, pero nunca se tenía un rostro de los responsables o un número de algún proceso judicial de investigación. Según la familia, en el momento del crimen se le dio información a la policía que los sospechosos del asesinato estaban a pocas cuadras, en una cantina.

El titular de Vanguardia Liberal que registra el asesinato de Sandra en 1987 “Muerta a tiros niña que vio un atentado” le estaba dando la razón a Don Graciliano, “Yo escuché en las noticias que había un testigo de la granada pero que no se sabía nada más”. Para él, esto era una sentencia de muerte. La Barrancabermeja de esos años estaba pasando por una situación crítica de orden público, así se evidencia en los registros de noticia y en los informes de organizaciones de derechos humanos.

Elementos que luego dificultarían la búsqueda para encontrar la verdad judicial de Sandra Rondón Pinto, por parte de la familia. Los Rondon realizaron diferentes solicitudes de información, la respuesta que recibió la familia no detallaba un proceso de investigación estructurado que diera cuenta del estado del caso:

Carta del 29 de setiembre de 1995 de la Fiscalía, dirigida a Graciliano Rondón y Carmen Rosa Pinto, en el que se informa que “…revisados los libros radicadores que se llevan en esta Unidad, incluyendo los que eran llevados por los extintos juzgados de Inscriminal de esta localidad, no se halló constancia de que se hubiese iniciado investigación alguna por el homicidio perpetrado en SANDRA RONDÓN PINTO”

Documento certificación de la Unidad delegada ante jueces penales municipales Barrancabermeja – Santander, informa a Graciliano Rondón que la Fiscalía o Juzgado que conoció del caso fue el JUZGADO 6 Instrucción Criminal de Barrancabermeja Libro No. 9 Folio 140. Dice que el 23 de junio de 1987 se remitió por razón de competencia al Juzgado Superior de Reparto de Barrancabermeja. (Fiscalía General de la Nación - Unidad Delegada ante jueces penales municipales, 2014)  

En la búsqueda de la verdad judicial del proyecto, el equipo de investigación indagó en la Fiscalía de Barrancabermeja, donde se tuvo acceso a las carpetas físicas en las que se revisaron los expedientes, pero este caso no apareció.  Se encontraba información sobre el atentado, pero nada del asesinato de Sandra. 

Siguiendo con el proceso de reconstrucción histórica documental del contexto y del caso de Sandra, se llego al Hecho No. 304.

En la oficina del Fiscal 34 Delegado ante Tribunal de Justicia Transicional, se llevaba el caso, de los postulados las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, el Bloque Puerto Boyacá, las Autodefensas Campesinas de Henry y Gonzalo Pérez. En conversación con el Fiscal 34 en el proceso de construcción del contexto del proyecto, se encontró la imputación que en algunos de los postulados se hablaba de “la niña” asesinada.  En efecto, después de conversaciones se logró identificar y conectar que la niña mencionada era Sandra Rondón Pinto.

De esta manera, el Hecho No. 304 de la Fiscalía expone que “Por el acto terrorista y tentativa de homicidio Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, fue condenado una vez aceptó los hechos, quien señalo: [La existencia de una sociedad entre la armada, la policía y nosotros los paramilitares para combatir todo lo que fuera izquierda en Barranca, guerrilleros, estafetas, líderes políticos de izquierda]” (Hecho No. 304, sf.). En esté primer hallazgo se evidencia la participación de Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir, eso quiere decir que en los autores del atentado de los líderes sindicales y sociales fueron las Autodefensas del Magdalena Medio.  

Con el hecho, el Fiscal 34 Justicia Transicional imputó al postulado Ramiro Vanoy Murillo, alias "Cuco Vanoy", en calidad de Autor Mediato (Unidad de Justicia Transicional, en apoyo al Fiscal 34 JT, 2019). Lo cual se llevo el 1 de noviembre de 2019, ante el Magistrado de la sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga.

El caso estuvo abierto como proceso penal desde el mismo día del homicidio, sin avances en su investigación y sin resultados en materia de responsabilidad, debido que no había elementos probatorios para ello.  Una de las dificultades estuvo en que al comienzo no se hacía la correlación entre el crimen de Sandra y el atentado a los líderes de izquierda. 

En Justicia Transicional, donde se establecen investigaciones con base y en el contexto del conflicto armado.  De esta forma, ya Alias "Vladimir" había aceptado el caso del atentado, pero él habla de un hecho en el que él no estuvo.  Para presentar el caso, el Fiscal 34 no lo presenta de manera aislada sino en el marco del conflicto armado: En ese informe se describe los grupos que existían en ese momento en el Magdalena Medio; de Henry Pérez, las acciones del “Negro Vladimir” a Puerto Berrio en agosto de 1986; cómo desde Puerto Berrío se coordinan acciones criminales al mando del “Negro Vladimir”. A su vez, se detalla el envió de hombres a Barrancabermeja para configurar una alianza con la Red Nº7 de Barrancabermeja y muchas otras personas. 

En ese sentido se puede establecer que quienes mandan a matar a Sandra son los paramilitares de la zona; aceptado por Ramiro Vanoy, a su vez la conformación de alianzas entre los paramilitares de la zona para acabar con la izquierda en Barrancabermeja y la región.

Hasta el momento nadie ha sido condenado por el asesinato de Sandra.  Vladimir está condenado por el atentado a los lideres sindicales del 22 de abril. El proceso apunta a condenar a Vanoy por el hecho de Sandra en Justicia y Paz, hasta el momento está imputado.

Este tipo de imputación de responsabilidades es posible gracias a la Justicia Transicional que permite hacer este tipo de nexos y correlaciones. Lo que permite concluir que quienes tenían interés de matar a la testigo fueron quienes cometieron el atentado contra los líderes.

Sino hubiese sido por Justicia y Paz el caso de Sandra hubiese quedado en la impunidad porque permite la correlación y el análisis de contexto.  Además, el caso estaba aislado.

El caso de Sandra no es un daño colateral del conflicto armado, fue un daño directo, hablando de responsabilidad, es lo que se llama un delito subyacente, es un delito que se da como consecuencia de otro. Logra igual importancia el caso del hermano de Sandra, Luis Fernando, pues ese caso no existía en ninguna parte.