METROLÍNEA: UN SISTEMA QUE COLAPSÓ

La movilidad es uno de los factores más relevantes e incidentes en la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. En este sentido, se hace imprescindible abarcar el análisis de la movilidad en Bucaramanga y su área metropolitana pues, pese a existir un Sistema Integrado de Transporte Masivo se observa como, en definitiva, contrario a lo que indica su lema “Metrolínea no mueve a sus usuarios”.

Metrolínea empezó como un proyecto que buscaba mejorar la movilidad vehicular de Bucaramanga y su área metropolitana, contando con la financiación de las alcaldías, la Gobernación de Santander y el Gobierno Nacional; sin embargo, desde su puesta en marcha en 2010, ha presentado fallas que imposibilitan la eficiente prestación del servicio de transporte a los ciudadanos, generando a la postre un incremento del transporte ilegal, malas frecuencias, inseguridad, buses y estaciones en mal estado o en el peor de los casos abandonadas y en obra negra, convertidas en elefantes blancos, lo cual ha culminado en una deuda impagable de $300.000 millones, por la cual la SuperTransporte solicitó en el presente año a la gerente Yolima Espinel un plan detallado con las “estrategias, herramientas, etapas y los recursos” que permitan garantizar el servicio de transporte a los ciudadanos que se movilizan en el sistema masivo ante el fracaso de las negociaciones, para lo cual el Concejo de Bucaramanga decidirá su liquidación de considerarla necesaria.

El SITM Metrolínea ha contado con ocho directores desde su creación, empezando por Félix Francisco Rueda durante la alcaldía de Honorio Galvis, con quien se presentaron irregularidades en materia de contratación relacionadas con las obras del Sistema entre el 12 de julio de 2005 y el 21 de enero de 2011, y por las cuales la Procuraduría General de la Nación lo suspendió por 12 meses. Posteriormente, asumieron la gerencia Héctor Gerardo Cáceres en la alcaldía de Fernando Vargas Mendoza; Jaime Rodríguez Ballesteros y Laura Cristina Gómez en el gobierno de Luis Francisco Bohórquez; Ángela María Farah, investigada por la Contraloría por el despido de tres contratistas que demandaron su salida y obtuvieron indemnizaciones cerca de 30 millones de pesos, ocasionado un presunto daño fiscal, hecho que generó su suspensión por cuatro meses, sucedida por Antonio José Granados en el gobierno de Rodolfo Hernández; Emilcen Jaimes y Yolima Espinel en la administración actual de Juan Carlos Cárdenas. 

El constante cambio de gerentes del sistema demuestra la incapacidad de las administraciones municipales en el nombramiento de personas capacitadas y comprometidas con el manejo de un sistema que se creó con el objetivo de mejorar y facilitar la movilidad de los ciudadanos de Bucaramanga y su área metropolitana; gerentes elegidos a gusto de cada alcalde, sin tener en cuenta el factor primordial: la experiencia, demostrando ser un sistema netamente burocrático e inestable.

Uno de los motivos que alienta el descontento de la ciudadanía con Metrolínea se debe a la poca conectividad que hay entre los municipios pues, pese a haberse iniciado con el objetivo de mejorar la movilidad en toda el área metropolitana, Girón solo cuenta con una estación abandonada en el sector de Río Frío desde el 2016 a sabiendas de las dificultades en materia de movilidad que tiene el municipio, lo cual abrió el camino al aumento del transporte informal que llega a destinos que no son parte de las rutas del transporte público tradicional de Girón.

Piedecuesta tampoco es ajeno a esta problemática. El alcalde del municipio, Mario José Carvajal, afirmó a través de un space en twitter realizado por Vanguardia el día 14 abril que “Metrolínea es uno de los mayores generadores de transporte informal”, pues las frecuencias y el estado de los buses obligan a los ciudadanos a alejarse del sistema.

La falta de buses, el estado deficiente de las flotas que circulan por la ciudad, las estaciones dañadas y las que no están en circulación también son problemas que mantienen en crisis a Metrolínea.  Sumado a las deudas que acarrea el sistema como los $149.000 millones correspondientes a la fallida construcción del portal de “Papi Quiero Piña”, en Floridablanca, que el ente gestor perdió en disputa legal y deberá desembolsar como compensación al contratista y la deuda con el concesionario Movilizamos a quien Metrolínea le debe cerca de $110.000 millones.

La situación de Metrolínea es crónica de una muerte anunciada. La falta de liderazgo, gestión, planeación y control, sumado a la poca articulación entre las alcaldías del área metropolitana que hacen parte de la Junta Directiva del sistema desembocó en una crisis que ahora obliga al Concejo Municipal de Bucaramanga a debatir su liquidación. La consecuencia de esto la padecen los ciudadanos de a pie que, mediante impuestos tuvieron que financiar un sistema de transporte ineficiente y sin una intención real de mejorar su movilidad.

Mariana Mora Barranco
mariana.mora.2019@upb.edu.co