Litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua

Conozca la historia tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia por la disputa de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua.

Por Diego Chaparro

1803: Colombia pertenecía al Virreinato de la Nueva Granada y Nicaragua a la Capitanía General de Guatemala. Bajo una Real Orden, la costa de Mosquitos y el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pasaría a ser parte de Nueva Granada, siendo dirigidos desde el Puerto de Cartagena, ya que había mayor garantía de protección militar desde Bogotá para contrarrestar los ataques del imperio británico.

1806: Mosquitos y el archipiélago vuelven a ser restituidos a Guatemala bajo una Real Orden.

1810: Luego de la independencia, la Gran Colombia reclamó Mosquitos como departamento de su territorio, sin embargo, este se encontraba bajo dominio británico, dificultando los planes colombianos. Por otra parte, San Andrés, Providencia y Santa Catalina lograron ser parte del territorio sudamericano.
1894: El Reino Británico devuelve oficialmente la costa de Mosquitos a Nicaragua. Además, el Gobierno Independiente de Managua reclamaba la soberanía del archipiélago por su cercanía.

1928: Nicaragua estaba ocupada por Estados Unidos y el 24 de marzo de este año se celebró el tratado Esguerra–Bárcenas, en donde se definieron los límites marítimos entre el país centroamericano y Colombia, dejando al meridiano 82 como la línea fronteriza. En dicho acuerdo no quedaron estipulados los cayos Quitasueño, Roncador y Serrana que se encontraban en litigo entre Estados Unidos y Colombia.

1948: Se lleva a cabo el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, también conocido como Pacto de Bogotá, en donde se establecía que todo conflicto entre los países del continente (Canadá fue el único que no estuvo presente) debía ser resuelto de manera pacífica, tomando como referencia la Carta de las Naciones Unidas. En caso de no llegar a un mutuo acuerdo, la disputa debía ser llevada a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por cualquiera de las dos naciones en controversia.

1980: Luego de la Revolución Sandinista, en donde se puso fin a la dictadura de la familia Somoza, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de Nicaragua declaró nulo el tratado Esguerra-Bárcenas, pues consideraban que en dicha época no existía el denominado derecho al mar, alegando que se violaba su soberanía y que en dicha época en que se firmó el tratado, su gobierno estaba ocupado por Estados Unidos, por lo cual reclamaba la soberanía del archipiélago y los cayos.

2001: El gobierno de Nicaragua, representado por Arnoldo Alemán, y quien se encontraba en su último año como mandatario, presentó una demanda contra Colombia en la Corte Internacional de Justicia para que se redefinieran las fronteras marítimas y la soberanía del archipiélago y los cayos.
2002: Siete meses después de la demanda interpuesta por Nicaragua, el país centroamericano decidió hacer la convocatoria de una licitación internacional para la concesión de exploración petrolera en aguas de jurisdicción colombiana en el mar Caribe. Ante esto, Colombia decidió realizar una protesta formal.
2003: Colombia publica un atlas con el que Nicaragua considera que se vulnera su soberanía, por lo que decide realizar una protesta formal contra Colombia. Ese mismo año, el gobierno nicaragüense lleva sus argumentos iniciales y Colombia sus objeciones ante la Corte Internacional de Justicia; además, Enrique Bolaños, presidente de Nicaragua, declara en la ciudad de Cartagena que su país acatará el fallo internacional que se dé sobre la soberanía de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

2007: Por parte de Colombia, el gobierno argumenta en la primera audiencia de la CIJ que este tribunal no tiene jurisdicción para continuar con la demanda interpuesta por Nicaragua y el presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez decide celebrar la independencia de Colombia el 20 de julio con un desfile militar en San Andrés. Por otro lado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, considera de “desplante” lo realizado por el mandatario colombiano, asimismo, le pide que acepte la competencia de la Corte Internacional para resolver de manera pacífica el conflicto, pero advierte que el ejército nicaragüense estará preparado, a lo cual Colombia dice que su postura no es de fuerza sino jurídica.
Ese mismo año la Corte Internacional de Justicia ratifica la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y se declaró competente para resolver el problema sobre la soberanía de los cayos y la nueva frontera marítima.
2008: Samuel Santos, ministro de relaciones exteriores de Nicaragua, argumenta que el Meridiano 82 no es frontera, a lo cual el gobierno colombiano presenta ante la Corte su memoria sobre el litigio fronterizo, resaltando que en 1928 se había establecido bajo el tratado Esguerra-Bárcenas.
2009: Como respuesta, el gobierno de Nicaragua presenta una contramemoria ante la Corte en donde argumenta que este tratado se dio bajo las influencias de Estados Unidos en el país nicaragüense.

2010 – 2011: Honduras pide intervenir, pues considera que la zona en disputa afecta sus intereses. Posteriormente lo haría Costa Rica bajo el mismo argumento; sin embargo, la Corte Internacional decide que estos países deben quedar fuera del litigio.

2012: Se inician las audiencias en la Corte Internacional de Justicia, en donde se establece en primera medida la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y pide que la Corte considere “inadmisible” las reclamaciones de Nicaragua, quien sugiera una solución “equitativa” con el reparto de la frontera.

Para aumentar la tensión, en octubre de este año, un buque nicaragüense se colocó en posición cercana al cayo Quitasueños para posteriormente retirarse de dicha zona. El gobierno colombiano envió una nota de protesta al gobierno de Nicaragua, quien también alega que Colombia estaba violando su soberanía marítima.

En noviembre, la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo inapelable en el cual establece la soberanía de Colombia sobre los cayos Albuquerque, Bolívar, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo, que se encuentran cerca al archipiélago. Por otra parte, la CIJ redefinió la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua, favoreciendo al país centroamericano que ganó mayor espacio marítimo.

Como respuesta, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció la salida de su país del Pacto de Bogotá y desconoció el fallo de la CIJ, pues afirmó que esta decisión vulneró su soberanía y que la delimitación del territorio se debía ratificar solo bajo tratados entre los países involucrados, por lo cual tampoco retiró sus tropas del territorio marítimo que le había concedido la Corte a Nicaragua.

2013: Debido a las decisiones de Colombia de no acatar el fallo de la CIJ, el gobierno de Nicaragua interpuso una nueva demanda contra Colombia para que la Corte delimitara de manera exacta la frontera marítima entre los dos países.

2016: La Corte Internacional de Justicia se declaró competente para juzgar la demanda interpuesta por Nicaragua por una supuesta violación de su zona marítima que le había concedido dicho órgano.

2021: Dentro de los alegatos expuestos por ambos países, la canciller y vicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez menciona que Nicaragua ha vulnerado los derechos de la comunidad raizal del archipiélago, pues en varias ocasiones la Armada nicaragüense intervino a los pescadores, haciéndolos arrojar la pesca que realizaban.

2022: El jueves 21 de abril la Corte Internacional de Justicia emitió un fallo a favor de la República de Nicaragua, decretando que Colombia debía cesar de manera inmediata sus actividades marinas en el territorio que le había correspondido al país centroamericano con el fallo emitido en 2012.

Este fallo busca resolver la demanda que había interpuesto Nicaragua en 2013, luego de que la CIJ delimitara la frontera marítima colombo nicaragüense y el mandatario colombiano de aquella época, Juan Manuel Santos, decidiera desconocerlo y sacar a su país del Pacto de Bogotá. Por lo tanto, solo se busca que Colombia acate el fallo y no ajustar la frontera.

Frente a esto, el actual presidente de Colombia, Iván Duque, se manifestó rechazando de manera indirecta lo establecido en la CIJ, ya que recalcó que la Constitución colombiana era clara en sus límites fronterizos y que estos solo eran ajustables mediante tratados internacionales. Mencionó que su prioridad era la protección de la comunidad raizal que se ve afectada por las decisiones de la Corte, además de que la lucha contra el narcotráfico y la protección del medioambiente marítimo en esta zona era su prioridad.

El mandatario colombiano también declaró que su gobierno ha intentado establecer diálogos con el gobierno de Nicaragua, pero que este no los ha permitido después del fallo de 2012.